Las intenciones del Gobierno de acelerar el proceso para aprobar la revalorización de las pensiones y el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) están agitando tanto el campo político como el económico. En las pensiones, el procedimiento y los criterios en función del IPC están fijados por ley, no así en el caso del salario mínimo, que es potestad plena del Ejecutivo. Su única obligación formal es consultar a los agentes sociales. Puede aprobarse el aumento “incluso antes” de las elecciones, según ha dicho el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o también podría tomar la decisión el Gobierno en funciones, una vez pasado el día de los comicios. En cualquier caso, el actual Gobierno quiere dejar el tema cerrado.
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